Comisionado Joel Hernández García Presidente Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington D.C. Cc. María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva Interina CIDH
Ref. Solicitud de visita in loco a Guatemala
Distinguido Comisionado Joel Hernández,
Las organizaciones sociales de Guatemala queremos informar a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la grave crisis política que enfrenta el país, y denunciar las violaciones a los derechos que el Gobierno de Alejandro Giamattei está cometiendo en contra de la población, restringiendo los derechos de manifestación, libertad de expresión y participación de la ciudadanía. Como es de su conocimiento, el sábado 21 de noviembre, miles de guatemaltecos y guatemaltecas salieron a las calles a manifestar en contra de la corrupción y la forma anómala con la que el Congreso de la República aprobó el presupuesto nacional para el 2021. Las manifestaciones se realizaron de manera pacífica en distintas regiones del país, pero el Gobierno reaccionó de forma brutal en contra de los manifestantes lanzando gases lacrimógenos de manera represiva, ocasionando lesiones graves a personas que incluso perdieron los ojos; la policía detuvo y agredió a más de 30 personas, entre quienes se encontraban mujeres y hombres; y golpeó y detuvo de manera ilegal a periodistas que cubrían la manifestación. El sábado 28 de noviembre, la población nuevamente salió a las calles para manifestar, pero grupos violentos se infiltraron en la manifestación en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala y cometieron destrozos. En esta ocasión la policía no respondió y prácticamente permitió que los grupos violentos actuaran con total libertad, poniendo en peligro a miles de personas que se encontraban manifestando en la plaza. Durante las manifestaciones de los últimos años jamás habíamos visto hechos de violencia ni una actuación similar por parte de la Policía Nacional Civil, por eso consideramos que este cambio de comportamiento obedece a instrucciones directas del Ministro de Gobernación Gendri Reyes y el Presidente Alejandro Giamattei. Esto debilita la función de la policía en materia de seguridad civil, y va en contra de las recomendaciones que la CIDH le hizo a Guatemala en su informe de 2017. Consideramos que el objetivo de estos actos violentos y la actuación policial es generar temor en la población para contener la protesta social, y criminalizar a los líderes estudiantiles y sociales por los hechos que ocurrieron en el Congreso el 21 de noviembre y en la Plaza de la Constitución el 28 de noviembre. El Ministerio Público no ha actuado de manera objetiva, independiente e imparcial para esclarecer los hechos, por el contrario, se tiene conocimiento de que el 21 de noviembre la Fiscal General dio instrucciones a los fiscales para que imputaran cargos penales a los manifestantes sabiendo que se trataba de personas que fueron detenidas de manera arbitraria. Esto demuestra que en el país, no existen garantías para que se investigue de manera seria, objetiva e independiente la actuación de los policías y las autoridades. A esto se suman los ataques del Presidente y el Congreso en contra del Procurador de los Derechos Humanos y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes han protegido los derechos de la población. El Congreso intenta desaforar a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque han emitido resoluciones independientes en contra de la corrupción. Igualmente, le ha recortado fondos a la Procuraduría de los Derechos Humanos para debilitar su capacidad de supervisar la situación de derechos humanos, omitiendo así la recomendación No. 3 del informe de 2017 de la CIDH. El Gobierno cerró las instituciones encargadas del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y está tratando de instaurar un régimen autoritario para restringir los derechos humanos, controlar las cortes, y actuar con absoluta impunidad. La situación continúa agravándose desde el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019; el Gobierno y el Congreso siguen socavando los esfuerzos de lucha contra la corrupción y la impunidad, y cerrando todos los espacios de participación y auditoria social. Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos a la CIDH que realice una visita in loco a Guatemala para verificar las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en contra de la población. Esta petición la planteamos con base el artículo 53 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la gravedad y urgencia de la situación. Reiteramos nuestra confianza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos, y valoramos altamente su atención. Cordialmente,